Si observamos las relaciones fundamentales entre educación y libertad, encontramos que la Constitución Española reconoce la libertad de los padres para elegir la educación que sea conforme a sus convicciones morales y religiosas. Además, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales obliga a los Gobiernos a favorecer una oferta educativa suficiente. En este punto es donde entra en juego si el Estado debe sufragar con fondos públicos todo tipo de instituciones educativas, o no. Teniendo en cuenta que la Constitución Española exige al Gobierno que financie unos mínimos gratuitos y, que como se ha señalado, los ciudadanos tienen derecho a elegir el tipo de educación que ellos sufragan con sus impuestos, se debería garantizar la libertad de elección efectiva para las familias de todos los niveles socioeconómicos. En este sentido, la libertad de elección de centro no sólo cumpliría con los derechos fundamentales del ser humano, sino que mejora la eficacia en el gasto público, eliminando la ineficiencia típica de los sistemas monopolísticos. La libertad en el sistema educativo español es muy limitada. El Estado define desde los contenidos curriculares y las horas mínimas que debe tener cada materia en cada curso hasta la potencial oferta de conciertos que debe ser aprobada. En Europa existen diferentes modelos educativos, lo cual indica que no es fácil determinar si es adecuado normalizar todos y cada uno de los contenidos que deben estudiar los niños. Lo que sí está claro es que este hecho justificaría una mayor desregulación que permita más autonomía y una oferta más diferenciada. En este sentido, las tres actuaciones que mejorarían la libertad educativa en España son: primero, flexibilizar los criterios de elección, por ejemplo eliminando la elección por zona de residencia. En segundo lugar es necesario mejorar la oferta educativa, dando mayor autonomía a los centros. Por último, tienen que modificarse los sistemas de financiación, atrayendo más recursos mediante, por ejemplo, desgravaciones fiscales.