Maria M. Pardo López

La trasposición al Ordenamiento Jurídico español de las Directivas sobre contratos públicos de cuarta generación por medio de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha permitido incorporar las cláusulas de carácter social y medioambiental a los contratos públicos. Dichas cláusulas se adicionan así a los tradicionales pilares del Ordenamiento europeo en materia de contratos públicos, como la libre concurrencia, la libertad de establecimiento, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se trata de fomentar la inclusión en el concepto de calidad de las ofertas efectuadas por los entes adjudicadores, que determina la mejor de las ofertas que debe ser seleccionada, de dos subtipos especiales: la "calidad social" y la "calidad medioambiental", derivadas del completo ciclo de vida del producto u obra demandado. Esto ha venido a complicar, aún más, el ya de por sí complejo ámbito de la contratación pública, generando una situación de incertidumbre y falta de resortes por parte de los entes adjudicadores a la hora de su aplicación, que ha de atajarse si, realmente, se pretende otorgar una efectividad real y completa al bienintencionado espíritu de la norma sectorial. Es precisamente, en este contexto, y ante la nueva dificultad detectada en el día a día de la contratación pública, donde la presente obra desea instituirse como un material útil a la hora de comprender y sobre todo, poder implementar de manera correcta, proporcional y eficiente las consideraciones de carácter social y medioambiental en los pliegos que rigen y predeterminan los procedimientos de contratación pública.