Fernando Martin Diz

La fase de ejecución en el enjuiciamiento de menores ha sido menos estudiada que los abundantes trámites previos de cognición, quizás porque el objetivo de la configuración legal es no llegar al momento procesal del cumplimiento coactivo de la medida impuesta, salvo que sea estrictamente necesario. Las finalidades socioeducativas del proceso penal de menores pueden satisfacerse a la perfección por cauces anteriores y en realidad ese es el propósito de los textos internacionales que nos obligan. Pero todo ello no impide que se llegue al momento de la sentencia sin haber aprovechado alguna de las abundantes vías de oportunidad previstas en la ley y que se imponga una medida, que en los supuestos más graves será de internamiento en régimen cerrado. En esa tesitura se sitúa esta investigación colectiva, dirigida a estudiar el contexto y la problemática de esta privación de libertad respecto a menores infractores, en particular para la adopción de decisiones judiciales fundadas que puedan determinar el riesgo de reincidencia y puedan, en suma, ayudar a predecir futuras conductas y a concretar la intervención. En principio, la discrecionalidad es grande, pero con la ayuda de psicólogos, criminólogos, penalistas y procesalistas, tratamos de encontrar argumentos para la posible objetivación del margen de decisión, para que pueda llegarse a la respuesta institucional correcta, y así definir los parámetros para la adecuada construcción de una herramienta de valoración criminológica que permita facilitar, con las suficientes garantías, la identificación de probabilidades de quebrantamiento de la medida y la evaluación del proceso de cambio en el sujeto respecto a su inserción social.