Diego Boza Martinez

Durante los primeros años del siglo XXI se produjo en España un incremento de la población inmigrante que interesadamente se ligó con un supuesto incremento de la delincuencia. Desde entonces, para hacer frente a este binomio no se ha dudado en incluir en nuestro ordenamiento jurídico diversas reformas, incluidas las del Código penal. De esta forma, como pretendida respuesta a esa imaginaria vinculación, el Código penal ofrece un tratamiento penal específico para los criminales extranjeros basado prioritariamente en la expulsión, recientemente modificado por la LO 1/2015 ha puesto la última piedra mediante la modificación del artículo 89 del Código penal. En este trabajo se analiza el alcance de la citada reforma y las consecuencias que la misma ocasiona a esos casi cinco millones de personas extranjeras que residen en España. Este estudio teórico penal se acompaña de una aproximación crítica, basada en datos empíricos, a las causas que pretendían justificar esta reforma que se ha incorporado precisamente en el momento en el que comienza a disminuir la inmigración en España y a aumentar la emigración española hacia el extranjero, con la esperanza de que los emigrantes españoles no reciban de los ordenamientos jurídicos de los países a los que van la respuesta que el Código penal español impone a las generaciones de inmigrantes que aquí residen.