Angela Figueruelo Burrieza

La desinformación no es un problema nuevo, pero se ha vuelto complejo tanto en lo que se refiere a sus diversas manifestaciones como a sus múltiples efectos. En los últimos años, la progresiva digitalización de las comunicaciones ha traído consigo un nuevo plano de interacción social auspiciado por la proliferación de medios de comunicación digitales y la incorporación al mundo de internet de los medios tradicionales. En este sentido, las redes sociales han sido caldo de cultivo para la extensión progresiva y generalizada de mensajes falsos o que inducen al error al incluir mentiras e inexactitudes intencionalmente confeccionadas como realidad aparente, representando así el germen necesario para que se produzca la ruptura de la cohesión social y crezca la polarización entre los ciudadanos. Por ello, la desinformación puede verse también como un problema de convivencia que pone en peligro el orden público y la paz social, al pretender el desplazamiento de valores fundamentales sobre los que los sistemas democráticos avanzados se asientan. En ocasiones, a través de las redes sociales e internet determinadas personalidades y medios de comunicación lanzan campañas de manipulación, que convierten la mentira e inexactitudes en una forma de posverdad que responde a intereses preconcebidos: a través de estos procesos se van creando y consolidando identidades colectivas que son intencionalmente estigmatizadas, poniendo así a determinados grupos en una situación de especial vulnerabilidad al alejarlos de la democracia participativa. Nos referimos a la creación de cánones y patrones sociales que conducen a la marginación y el señalamiento de ciertas personas por su condición personal o social (mujeres, inmigrantes, colectivos LGTBI+, pobres, etc.), señalándolos como un peligro o amenaza para la convivencia, generando una polarización basada en contenidos desinformativos y odiosos.