La política criminal contemporánea se conforma de una base dogmática que en gran parte se consolida con el pensamiento clásico y que, pese a todo, conserva su vigencia en los sistemas de represión penal. Pero también envuelve paradojas y contradicciones, porque no es poco común que muestre ciertas anomalías que entran en pugna con los esquemas garantistas y que sobre todo se emplean para hacer frente a sectores delictivos especialmente graves. Seguramente es cierto que el hecho de que estos rasgos de extralimitación se detecten con nitidez tiene que ver con nuestra evolución en materia de derechos y de libertades fundamentales. En efecto, el Derecho penal, antes que un elemento de vindicación, debe ser concebido como un muro impenetrable de la política criminal. Este camino sin retorno hacia la mínima intervención, como ha ocurrido en el contexto latinoamericano, ya fue iniciado por los mexicanos desde hace algún tiempo.