El sector de la Hostelería presenta un importante peso en la economía, tanto española como en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y ello, tanto en términos estrictamente económicos como de empleo generado, merced a su integración en el más amplio sector (en sentido lato) del Turismo, verdadero «motor» productivo en España, en épocas de crecimiento y, también, de crisis. No puede obviarse, además, que la Hostelería se caracteriza por ser un sector productivo significativa y tradicionalmente vinculado a exigencias estacionales, lo que implica la existencia de «picos productivos», con requerimientos extraordinarios de fuerza de trabajo que se satisfacen, por lo general, mediante el recurso a la contratación temporal. Y es que, por lo que hace al empleo, el sector hostelero (tanto en el ámbito estatal, como en la Comunidad Valenciana) sigue un patrón de abrumadora temporalidad, con índices iguales o superiores al 40% en la práctica totalidad de las empresas; estas cifras contrastan, desde luego, con las exigencias de «estabilidad y seguridad del trabajo» referidas por la OIT en el concepto de trabajo decente, y difícilmente se concilian con la sostenibilidad social exigible en el marco de un modelo social de Estado como el español. . Ante tales datos, y habida cuenta de los importantes espacios reservados a la autonomía colectiva en la regulación de la contratación temporal por parte del Estatuto de los Trabajadores, cabe analizar la consideración que este fenómeno merece a los agentes sociales en los procesos de negociación colectiva del sector y, en concreto, cuál es la posición de las partes negociadoras en el sector frente a la realidad de la contratación temporal, bajo qué criterios y condiciones es regulado convencionalmente el recurso a ella por parte de las empresas y cuáles son las razones y/o el propósito de dicha consideración. . Ésa es, precisamente, la cuestión central analizada en el presente estudio, con el propósito de concretar las bases fundamentales para la formulación de una propuesta de modelo contractual que resulte apto para el sector, a la vez que socialmente sostenible. . Amparo Garrigues Giménez es Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universitat Jaume I de Castellón).