La Comisión Europea, el FMI y la OCDE llaman la atención a España pidiendo que acelere las reformas necesarias para liberalizar el sector de los servicios profesionales, por considerarlo fuertemente intervenido y con un elevado número de restricciones al acceso y ejercicio profesional sustancialmente superior al de otros países; a tal situación imputan además que la productividad de los servicios profesionales en España sea inferior a la media europea. En este estudio, se analiza tanto la normativa vigente y la proyectada como los comportamientos de los operadores en estos mercados, identificando todas las restricciones o barreras existentes en el acceso y ejercicio. Estas restricciones pueden estar o no justificadas por exigencias de servicio público u otro motivo de eficiencia o externalidad que puedan generar, y se recomendará o no su permanencia, supresión o modificación. Aunque en el anterior análisis se tienen en cuenta todos los servicios profesionales en general, se atiende particularmente a las restricciones que operan en el acceso y ejercicio de ciertas profesiones por ser su intensidad mayor que en el resto. Nos referimos a abogacía, procura, arquitectura, ingeniería y notariado.