La salud sexual, la seguridad en las relaciones y una vida social e íntima plena y significativa son derechos reconocidos para las personas con discapacidad, incorporados en la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad. En particular, los Estados Partes están obligados a asegurar que todos los derechos de las personas con discapacidad se mantengan en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones de pareja y que se les aseguren los estándares más elevados de salud, sin discriminación, incluida la salud sexual y reproductiva (Organización de las Naciones Unidas, 2006). Si bien, existe una conciencia creciente acerca de estos derechos, se ha logrado un progreso muy limitado en el apoyo a estas personas para crear y mantener relaciones íntimas y personales (Karellou, 2017). Cuando los jóvenes con discapacidad intelectual comienzan a explorar su sexualidad se enfrentan a una serie de desafíos y obstáculos para acceder a la información y al apoyo. A diferencia de la mayoría de sus compañeros sin discapacidad, estos jóvenes se enfrentan al desafío de desarrollar su sexualidad y sus relaciones dentro de una vida social y privada muy limitada y regulada (Frawley, 2016). Como consecuencia, sus conocimientos sobre estos temas son también escasos (Burns y Davies, 2011). Pese a reconocerse que la sexualidad es una parte integral de la vida adulta de cualquier persona, dicha parte resulta inaccesible o es negada a las personas con discapacidad intelectual (Noonan y Gómez, 2011). Las oportunidades que tienen estas personas para expresar su sexualidad son escasas y se encuentran controladas por otros, ya sean profesionales o familiares (Wilkinson, Theodore yRaczka, 2015). No se les proporcionan oportunidades para que tengan experiencias sexuales y no se les ofrece privacidad (Healy, McGuire, Evans y Carley, 2009; Evans, McGuire, Healy y Carley, 2009; Lesseliers, 1999). Tampoco se permite a las parejas estar solas o se les imponen restricciones (Lesseliers, 1999; Lofgren-Martenson, 2011). Los profesionales de los centros apenas hablan sobre la sexualidad con los usuarios (Abbott y Howarth, 2007) o cuando lo hacen, es de forma reactiva (Abbott y Burns, 2007; Schaafsma, Kok, Stoffelen, Van Doorn y Curfs, 2014). Debido a sus circunstancias, muchos adultos con discapacidad intelectual viven en residencias, pisos tutelados o con sus familias. Estas formas de vida suponen la presencia continua de un adulto y como consecuencia suponen una falta absoluta de privacidad. Las personas no eligen con quien quieren vivir, ni sus rutinas, ni sus actividades diarias; a veces, ni siquiera eligen la ropa que se ponen diariamente (Brown y Brown, 2009; Lippold y Burns, 2009). Las necesidades sexuales de hombres y mujeres que requieren apoyos se obvian; no existe una preocupación por que establezcan relaciones de amistad y de pareja, ignorándose tanto su sexualidad como su necesidad de privacidad (McCarthy, 1996). Las actitudes de los cuidadores influyen directamente en las actitudes y experiencias de las personas con discapacidad intelectual y entran muchas veces en conflicto con los deseos sexuales de estas personas y con sus derechos a vidas sexuales (Cuskell y Bryde, 2004; Healy, McGuire, Evans y Carley, 2009). Los servicios para personas con discapacidad intelectual suelen carecer de políticas que apoyen las experiencias sexuales en esta población. Así también, los profesionales carecen de formación respecto a la sexualidad y al desarrollo sexual satisfactorio de las personas a quienes atienden diariamente (Davies, 2000). Las actuaciones del personal se limitan a evitar que se produzcan relaciones sexuales en los entornos donde se desenvuelven, actuando a veces como «policías» y censores de cualquier manifestación sexual por parte de las personas con discapacidad intelectual. A pesar de todas estas barreras, las personas con discapacidad intelectual buscan la manera de tener sexo y de expresa...