Las periciales de funcionarios públicos son, cada vez más, una constante en el ámbito del Derecho penal económico. A pesar de que la actual jurisprudencia plantea precisamente lo contrario, la intervención de dichos funcionarios en las actuaciones previas de carácter administrativo o, en otras ocasiones, el papel inquisitivo que juegan en la propia investigación penal plantean dudas sobre su imparcialidad objetiva. El presente trabajo examina cuál es el estado de la cuestión en la jurisprudencia, y trata de establecer las consecuencias prácticas que se derivan para estas periciales del estudio del concepto de imparcialidad y de la jurisprudencia del TEDH en materia del derecho a un juicio justo.