La obra describe los distintos mecanismos vigentes hoy día en España para investigar y obtener prueba penal en otro Estado, desde las tradicionales comisiones rogatorias (basadas en convenios de asistencia judicial) hasta los novedosos mecanismos regulados en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Se analiza con especial atención la Directiva 2014/41 sobre la orden europea de investigación, que a partir de mayo del 2017 será el instrumento clave en las investigaciones transfronterizas europeas. Desde una perspectiva muy práctica, la obra incide en la singular problemática forense de los equipos conjuntos de investigación (técnica cada vez más frecuente en las instrucciones transnacionales que sigue siendo desconocida para muchos operadores jurídicos) y de la intervención de Eurojust como órgano de la Unión Europea dedicado a la cooperación penal internacional, con mención a las importantes novedades que ha conllevado su regulación en nuestro país en la recientemente promulgada Ley 16/2015 de 7 de julio.