EL JUEZ Y SU FUNCIàN JURISDICCIONAL EN EL MARCO DEL PROCESO CIVIL Una sociedad moderna y desarrollada como es la que impera en nuestro país está marcada por la celebración de innumerables relaciones jurídicas entre los miembros que la integran, ya sean de naturaleza comercial o de otro tipo, a partir de las cuales pueden originarse todo un elenco de derechos y cargas para los sujetos que en ellas intervienen o se ven afectados por las mismas, con arreglo a lo derivado de la producción normativa que las regula1. Desde el punto de vista jurídico, y particularmente, desde el procesal, ningún concreto problema existiría si cada uno de los sujetos que hubieran intervenido en una u otra relación fueran éticamente responsables y asumieran siempre con rigor cada una de las cargas y deberes originados como fruto de las relaciones sustanciadas, sin resultar preciso, en consecuencia, ser apercibido por la otra parte o por cualquier otro sujeto para llevar a término a lo que se hubiera comprometido en algún momento dado. Sin embargo, la situación descrita en el párrafo anterior no se acomoda a la realidad, sino que sólo representa un mito, o por lo menos, sí parece ser la descripción de una sociedad idílica. Ya que no es poco frecuente la situación por la cual las partes rehúsan cumplir con las obligaciones asumidas2, con indiferencia del modo en el que aquéllas se hubieran originado, derivándose indefectiblemente el nacimiento de un conflicto3, que MONTORO BALLESTEROS lo identifica como un fenómeno ordinario de la vida humana que halla su raíz antropológica más profunda en la naturaleza desfalleciente del hombre4. La evidencia de esta común realidad hace que resulte preceptivo que en nuestro ordenamiento jurídico, además de la precisa aprobación y publicación de normas jurídicas de carácter material o sustantivo que reglen el modo correcto de celebrarse determinadas relaciones jurídicas, existan otras mediante las cuales se establezcan mecanismos válidos y perfectamente reglados que sirvan de instrumento para poner término de modo pacífico a los conflictos jurídicos surgidos entre los sujetos cuando surgen desavenencias entre ellos. Y, en definitiva, resulten útiles para lograr la preservación de los derechos allí adquiridos o para denunciar el incumplimiento de las obligaciones asumidas. Pues bien, no se trata de poner ahora de relieve cada uno de los instrumentos existentes como métodos útiles para la finalización de los conflictos, sino que en este caso solamente nos ha de preocupar el modo de erradicar las diferentes contiendas planteadas entre los sujetos, cuando se materializa a través de la existencia de la institución del proceso judicial5, en donde además de la intervención de al menos algunas de las partes intervinientes en la relación jurídica, deviene imprescindible la presencia de un tercer sujeto imparcial -el órgano judicial? (de ahí que sea, junto con el arbitraje uno método de heterocomposición de los conflictos jurídicos6) al que se reviste del suficiente poder para ser capaz de poner término a la contienda planteada conforme a Derecho7. Con ello, como explica ALVARADO VELLOSO "(.) el juez puede igualar jurídicamente a quienes son naturalmente desiguales"8. Por tanto, tratando de conceder una respuesta a la cuestión que lleva por título este epígrafe, la función atribuida al juez en el seno de un proceso judicial consistiría en juzgar las contiendas que ante él las partes en contienda plantearan; función ésta que, por otra parte, no creemos que plantee algún tipo de extrañeza sobre el lector de estas líneas, conscientes de que ésa sería la respuesta natural pronunciada por cualquier sujeto no lego en Derecho si en alguna ocasión fuera cuestionado sobre qué funciones son atribuidas a un juez. Pero, si en verdad se trata de determinar con exactitud las tareas que han sido asignadas a un órgano jurisdiccional durante el desenvolvimiento de una contienda judicial, y desde luego, siempre fundamentadas desde ...