A finales de 2009, por la Fiscalía General del Estado, se emitió una Circular, 3/2009, sobre protección de menores víctimas y testigos. Tal Circular se enmarca dentro de un proceso general, tanto a nivel europeo como nacional, que se inicia a finales del siglo pasado y que tiene como propósito principal garantizar la necesaria protección de los menores de edad en el proceso judicial, sobre todo, penal, ya intervengan en la condición de víctima o de testigo. Así, podemos destacar la Decisión Marco 2001/220/JAI, de 15 de marzo, sobre estatuto y protección de las víctimas en el marco europeo. Dicha Decisión Marco responde a la pretensión de la Unión Europea de promover una política de protección de las víctimas dentro del Tratado de la Unión y del Tratado de Amsterdam relativo a la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. La Decisión Marco presta singular atención a las víctimas consideradas especialmente vulnerables. Entre éstas destacan los menores. Así, se promueven diferentes medidas para evitar la segunda victimización. Ello se traduce en la exigencia de que el proceso no constituya para la víctima un nuevo sufrimiento innecesario, un nuevo plus de aflicción, lo que supone, entre otras medidas, procurar que se dé a las víctimas acogida correcta en un primer momento y que se creen en las dependencias policiales y judiciales lugares con condiciones adecuadas a la situación de la víctima y, especialmente, para la práctica de las pruebas. Pues bien, el libro analiza desde diferentes perspectivas jurídicas lo que para nuestro sistema jurídico suponen tanto la Decisión Marco como la posterior Circular en el ámbito de los procesos penales y civiles (sobre todo, en el ámbito del Derecho de familia), acudiendo a una revisión crítica que atiende a los diferentes intereses que se ponen en juego en los procesos; en especial, el interés del menor frente al derecho constitucional a un juicio justo del acusado.