Los derechos fundamentales son paradigmas constantes en numerosos textos sustanciales de la construcción europea, pues son un elemento definidor de su cultura. De hecho, existe un paralelismo entre el proceso de integración y la progresiva incorporación de los derechos fundamentales al ordenamiento jurídico europeo. Sin embargo, la regulación de esta categoría de derechos ha constituido un proceso complejo, vinculado, por una parte, al Convenio de 1950 y a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y por otra parte, a las modificaciones de los Tratados y a la elaboración de una Carta de Derechos fundamentales propia de la UE. Tras el fracaso del Tratado constitucional, el Tratado de Lisboa aborda nuevamente las cuestiones pendientes de resolver en materia de derechos humanos, tales como la adhesión de la UE al Convenio o la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales a los Tratados, alcanzando una solución de consenso que trata de satisfacer en lo esencial, adoptando posiciones formales moderadas. El futuro de los derechos fundamentales dentro de la UE se plantea desde unos fundamentos cada vez más sólidos. La Carta de los Derechos Fundamentales tiene el mismo valor jurídico que los Tratados y la adhesión de la UE al Convenio se acepta sin ninguna duda, con base en un Protocolo específico. Tras alcanzar todos estos logros, el nuevo reto en el campo de los derechos fundamentales, será conseguir una incidencia real de éstos en el status jurídico de los ciudadanos y consolidar mejoras en la eficacia de su tutela judicial.