España no es un estado nación con una tradición de respecto a la propia diversidad lingüística. La Constitución de 1978 significó un avance importante y positivo, pero muy limitado. El principio de jerarquía lingüística que domina toda la regulación lingüística española, en parte por la sesgada interpretación del Tribunal Constitucional, ha dificultado políticas públicas lingüísticas en todos los poderes públicos del Estado y una legislación lingüística realmente igualitaria, y ha impedido la seguridad lingüística de los hablantes de las lenguas españolas diferentes del castellano. La comparación con países comprometidos con la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de la ciudadanía, como por ejemplo Suiza, pone de manifiesto las importantes carencias y el antiigualitarismo del régimen lingüístico legal-constitucional español. El libro Lengua y Estado se aproxima a esta realidad comparando Suiza y España y proponiendo cambios que nos acerquen en el futuro al modelo suizo.