El ordenamiento jurídico nuclear a nivel comunitario y a nivel estatal ha experimentado diversas modificaciones relevantes en los últimos tres años, acompañadas de una serie de acontecimientos que han puesto nuevamente en tela de juicio esta forma de generación de energía, sus riesgos y sus responsabilidades. A nivel mundial el accidente nuclear de Fukushima ha supuesto un replanteamiento global, también a nivel comunitario sobre las medidas preventivas de seguridad de las instalaciones nucleares. En España este debate ya estaba antes sobre la mesa con dos debates relativos a la prórroga del permiso de explotación de la central nuclear de Garoña y la ubicación del Almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado. En medio de estos acontecimientos fue aprobada la Ley 12/2011, de responsabilidad por daños nucleares y radiactivos, objeto de esta obra. Una Ley que además de abordar la necesaria cobertura de los riesgos nucleares y radiactivos y fijar sus cuantías e instrumentos de garantía, ha operado una modificación importante sobre la Ley de energía nuclear de 1964, modificando el régimen jurídico de las instalaciones nucleares.