Se analiza en este libro la legislación española sobre protección del deudor en los créditos y préstamos hipotecarios, partiendo del cambio de perspectiva del legislador como consecuencia de la crisis económica. Las normas legales anteriores a 2011 al mismo tiempo que insistían en la información al cliente y la transparencia del mercado, suprimieron los controles públicos tanto en la contratación de estos productos financieros como en su publicidad, con el objetivo de agilizar y dinamizar el mercado de hipotecas. Iniciada la crisis económica y con ella el incremento de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios a familias especialmente vulnerables, se intensifica la intervención legislativa con reformas parciales. Estas reformas, sin embargo, resultaron ineficaces. Así se evidencia con las normas de protección del deudor-consumidor al definir su ámbito de aplicación de forma tan restrictiva que han tenido que ser reformadas en pocos meses al comprobar su inaplicabilidad. Por otro lado, diversas sentencias judiciales españolas y comunitarias han puesto de manifiesto la inadecuación de la normativa española para propiciar una protección suficiente de los consumidores en los créditos y préstamos hipotecarios. A fin de corregir algunas de estas deficiencias se promulgó la Ley de 2013, cuyo estudio se incluye en esta obra. Así se analizan sus previsiones sobre reestructuración de deuda, quita y dación en pago, la modificación de las normas procesales sobre ejecución hipotecaria y subastas judiciales y extrajudiciales, el refuerzo de la independencia de las sociedades de tasación o la suspensión temporal de los desahucios cuando afecta a familias sin recursos y en riesgo de exclusión social. El libro concluye señalando las insuficiencias que todavía presenta la legislación española sobre protección del consumidor en los préstamos y créditos hipotecarios y proponiendo diversas medidas de mejora. Se defiende la unificación de la normativa sobre información precontractual y formalización de los contratos superando la descoordinación actual de las distintas normas aplicables; el refuerzo de controles preventivos sobre el cumplimiento de la legislación y sobre cláusulas abusivas o la regulación del sobreendeudamiento de los consumidores, entre otras.