La protección de los consumidores y usuarios es un principio clave en el ordenamiento jurídico, respaldado tanto por la Constitución (art. 51 CE) como por el Derecho de la Unión Europea (art. 38 de la Carta de Derechos Fundamentales). Esto ha llevado a frecuentes modificaciones en los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2007 que regulan la potestad sancionadora para asegurar un nivel adecuado de protección, conforme a la Directiva (UE) 2019/2161. Esta monografía analiza la influencia del Derecho de la UE en la potestad sancionadora, la competencia de la Administración pública para sancionar, los límites de esta potestad y su control judicial. Incluye un apéndice normativo con extractos de la regulación estatal y autonómica para una comprensión completa. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.