Asistimos en los últimos años a transformaciones sociales, políticas y económicas que están teniendo un gran impacto en las estrategias de control de la delincuencia. Estos cambios han provocado la aparición de un nuevo modelo político-criminal, el de la seguridad ciudadana, que estaría desplazando gradualmente al modelo penal clásico. Uno de sus puntos de partida es el incremento de las fuentes de riesgo y la sensación generalizada de inseguridad que experimenta la ciudadanía. Ello provoca que a menudo esta no comprenda o no se muestre receptiva a las aproximaciones racionales a la delincuencia, y que acepte medidas dirigidas fundamentalmente a calmar el miedo y la indignación ante el delito. El Derecho penal ya no restringe su ámbito de actuación al mínimo imprescindible, sino que despliega sus efectos de manera intensa. Se fomenta así un sistema en el que se presenta el hecho delictivo como la consecuencia de una sociedad demasiado tolerante con el desorden y de un Estado asistencial en exceso garantista e indulgente. El delincuente aparece ante la opinión pública como un ser racional que decide libremente perjudicar a sus conciudadanos. La solución ya no consiste en mejorar el contexto y las condiciones de partida, sino en incrementar el control formal y organizar un sistema penal implacable con el infractor. En la presente obra se describen los rasgos del modelo penal de la seguridad ciudadana, diseñando así un instrumento que ha permitido identificar numerosos ejemplos en muchas de las normas y prácticas propias de cada uno de los ámbitos del sistema penal (legislativo, policial, judicial y penitenciario). Desde un punto de vista crítico con esta nueva realidad político-criminal, finalmente se hacen algunas propuestas que podrían frenar esta deriva punitiva y excluyente.