La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernización de la gestión pública y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas públicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registración de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se sitúa en el entorno de utilización de los medios electrónicos para consolidar un sistema de transparencia e información sobre la gestión pública con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco jurídico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ámbito público.