En la actualidad empresarial y fundamentalmente en la articulada mediante sociedades mercantiles, ya no existe únicamente una relación unilateral empresario-trabajador, sino que existen mandos de la empresa que interactúan con los trabajadores, que toman decisiones y actúan en nombre del empresario. Esto genera, sin duda, un complejo régimen, no sólo a nivel organizativo y de funcionamiento de la estructura orgánica de la empresa, sino también jurídico, generándose derechos, obligaciones y, por tanto, responsabilidades para todas las partes implicadas. Un régimen, por tanto, que genera interesantes cuestiones jurídicas y cuya complejidad se acentúa por la evolución actual hacia formas empresariales más flexibles y participativas. Para ello es necesario examinar la institución de la delegación de funciones, cuyo funcionamiento y consecuencias va mucho más allá del propio del marco preventivo, más estudiado. Su presencia en la empresa es constante, desde los niveles de jerarquía más elevados, como es el caso de la delegación del consejo de administración, hasta la que se produce en el marco del contrato de trabajo. Las empresas, así, deben ser conscientes de que cada vez que toman la decisión de delegar parte de sus funciones en un sujeto, se pone en marcha un complejo mecanismo jurídico de engranaje preciso, de manera que el ejercicio de este poder, el de delegar, el de vigilar, el de encargar una tarea, va más allá de la lógica económica de la especialización y distribución de funciones. Genera la aparición de un estatuto jurídico tanto en la persona que delega como en el delegado, y un tipo de relación donde es necesario medir desde cómo se ha de vigilar al delegado y con qué nivel de intensidad, cuándo reaccionar, cuándo intervenir, qué poderes transmitir y de qué manera y qué elementos tener en cuenta a la hora de decidir a quién se elige para esas funciones. En función de aspectos como estos, se activará un régimen de consecuencias jurídicas para las dos partes, que determinará quién responde ante cada situación producida, cuándo es conveniente retirar una delegación o renunciar a ella y, como elemento conductor de todo ello, qué responsabilidades se generan. Es precisamente el estudio del funcionamiento de la delegación de funciones lo que se analiza en este trabajo, pues si bien se ha hablado mucho de esta institución como elemento que justifica la existencia de cadenas de mando en la empresa y que genera responsabilidades, fundamentalmente de tipo penal y para concretos ámbitos de la actividad empresarial, son escasos los estudios acerca de su concreta configuración, concepto, efectos y requisitos, así como sus manifestaciones en los distintos aspectos de la relación laboral. Por esta razón, lo que aquí se pretende es contribuir a clarificar este panorama tan poco desarrollado en nuestro país. Todo ello a través del análisis de cuatro campos principales: su forma de realización y relación con las distintas necesidades organizativas de la empresa, teniendo en cuenta la evolución de las estructuras y organizaciones empresariales, desde una rigidez jerárquica a sistemas más actuales y flexibles en que la autoridad va dejando paso al liderazgo; su concepto y los requisitos necesarios para la realización de una delegación de funciones válida y eficaz desde un punto de vista jurídico, y prestando especial atención en su desarrollo en el marco del contrato de trabajo, pero también en la delegación producida en el seno del consejo de administración de las empresas; el estatuto jurídico del delegante y del delegado, a través del análisis de cuáles son sus deberes en el marco de la delegación de funciones, así como las actuaciones que rodean la delegación a partir de las posibles vicisitudes que puedan plantearse en el ejercicio de la misma; y, finalmente, la dinámica y efectos que tiene la delegación tanto para el delegante como para el delegado, como puede ser su duración, la generación de obligaciones y responsabilidad...