En nuestra triple condición de ciudadanos, profesionales jurídicos e investigadores, y en el nivel propio de cada una de estas condiciones, la situación del proceso penal nos preocupaba y nos interpelaba; y veíamos con claridad la necesidad de dar pasos verdaderamente útiles y constructivos hacia una reforma legal que la sociedad demanda, que es imprescindible para actualizar nuestro sistema jurídico-penal y que, sin embargo, se frustra legislatura tras legislatura. Las causas de esta frustración son complejas y diversas, y el Proyecto se proponía afrontar al menos dos de ellas. La primera, la fuerte carga ideológica asociada a los modelos posibles de proceso penal; respecto de este problema se pretendía volver a un terreno más técnico, para que la rebaja del contenido político y el paralelo refuerzo de los argumentos jurídicos facilitase un consenso sobre el que avanzar. En segundo lugar se erige la dificultad derivada de la amplitud y complejidad de las cuestiones que el legislador tiene que resolver y regular para reformar el proceso penal, y de la gran cantidad de opiniones doctrinales y criterios jurisprudenciales -de muy distintas profundidad, orientación y contenido- que sobre todos sus aspectos e instituciones se han vertido en las últimas décadas. Frente a este obstáculo se formuló el objetivo de elaborar materiales de apoyo al legislador, que, adoptando distintos formatos, permitieran abarcar el estado completo de una cuestión y sus posibles soluciones jurídicas.