Las comunicaciones entre el abogado y su cliente se caracterizan por la confidencialidad, que reclama una estricta protección constitucional, pues son un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada y del derecho de defensa en el proceso penal. El secreto profesional de los abogados está regulado por las leyes penales y procesales, y por la normativa sobre la abogacía. Hoy, sin embargo, esa tutela normativa puede resultar insuficiente, entre otras razones por la posibilidad de acceso e incautación masiva de archivos informáticos sin que exista un mecanismo adecuado para filtrar las comunicaciones y documentos protegidos por el secreto profesional. Se hace por ello necesario reconsiderar la protección de este importantísimo aspecto de la relación abogado-cliente, tanto en la investigación penal como en las investigaciones internas en el ámbito del compliance. El presente volumen aborda algunas de las cuestiones más relevantes en materia de confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente. Partiendo del estudio de la jurisprudencia internacional y española, se intenta arrojar luz sobre el alcance de la protección del lawyer-client privilege en el ámbito del compliance, señalando los riesgos que puede implicar para el derecho de defensa transferir el resultado de las investigaciones internas al ámbito de la justicia penal.