El trabajo toma como punto de partida la tesis doctoral que el autor elaboró en la Universidad Complutense de Madrid. El autor parte de un hecho incontestable: a partir de la segunda mitad de los años noventa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas invoca con cierta frecuencia el principio de capacidad económica y obliga a que los Estados miembros supriman tratos discriminatorios, que privan a ciertos contribuyentes de los mínimos personales y familiares o de ciertas partidas deducibles. En este sentido, parece construirse un concepto comunitario de capacidad económica, en una interpretación evolutiva del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, argumento al que une la tradición constitucional común de los Estados miembros.