La liberalización de sectores como las telecomunicaciones, los transportes, la televisión o los servicios postales está poniendo fin a los derechos exclusivos y a la gestión directa de estos servicios por la Administración. Las autoridades comunitarias están configurando un nuevo régimen jurídico de intervención en la actividad económica, construido sobre la imposición a los operadores activos en el mercado de las denominadas obligaciones de servicio público.