Los últimos años del siglo pasado fueron testigos de la consolidación de un cambio fundamental en las sociedades occidentales. La llegada masiva de personas procedentes de distintas áreas geográficas y culturales implicó la necesidad de replantear la relación entre el fenómeno religioso y los ordenamientos jurídicos democráticos. La relación entre religión, sociedad y política constituye una realidad que no por negada deja de estar presente en el ámbito de las relaciones personales desde que el ser humano descubre su dimensión social. El interés de las legislaciones democráticas por la dimensión pública y social del fenómeno religioso fue solemnemente sancionado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. A partir de ese momento, la libertad religiosa y su proyección pública en los diversos ámbitos de la actividad social relacionados con ella han tenido una gran incidencia en los ordenamientos jurídicos democráticos que han desarrollado la legislación adecuada para garantizar el ejercicio de libertad tan fundamental para el desarrollo integral de la persona humana. Al estudio y análisis de esta problemática, asumiendo siempre la perspectiva del ordenamiento estatal, se dedica esta obra.