La financiación de los servicios públicos y la contribución a la misma por parte de sus usuarios ha constituido desde siempre un problema de difícil solución. En el caso de la educación universitaria nos encontramos, además, ante la ausencia de una regulación ordenada y acabada que configure un régimen jurídico estable para su aplicación por las distintas Universidades públicas españolas. A ello ha contribuido, en buena medida, la sensibilidad que esta materia presenta desde un punto de vista político y el temor a que un derecho tan arraigado y tan importante como la educación pueda resentirse o restringirse. A lo largo de esta obra, llevada a cabo por un equipo investigador de la Universidad de Oviedo, se ponen de manifiesto muchos de los problemas a que conduce en la práctica esta falta de ordenación y se proponen soluciones que, desde el punto de vista jurídico, pueden contribuir, tanto a una mejor distribución de los costes que supone la prestación de este servicio, como a una más efectiva obtención de recursos para su financiación.