Las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015 han establecido una serie de novedades en materia de tramitación de los procedimientos administrativos. La obligatoriedad del uso del procedimiento administrativo electrónico para determinadas personas interesadas (fundamentalmente las personas jurídicas) a partir de octubre de 2016, así como la obligación de las AAPP de realizar determinadas actuaciones como la notificación administrativa por medios electrónicos, es ya una realidad en el quehacer administrativo. Asimismo, en octubre de 2018 se producirá la generalización del procedimiento administrativo electrónico a nivel interno como único modelo de tramitación en nuestras Administraciones. En este contexto, esta monografía analiza de manera sencilla, clara, sistemática y rigurosa los cambios legislativos producidos en el procedimiento administrativo común, el régimen jurídico de los instrumentos y sus consecuencias en la tramitación administrativa dada la interpretación conjunta e integrada de las Leyes 39 y 40 de 2015.