La LO 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código penal ha supuesto un antes y un después en nuestro ordenamiento, puesto que establece la responsabilidad penal, directa y autónoma de las personas jurídicas. Pero lógicamente, para que la persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable debe haber sido previamente imputada, acusada y condenada en un proceso penal. Ante la ausencia de una reforma procesal que acompañara a la LO 5/2010, el legislador aprobó mediante la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal ciertas modificaciones de la LECrim que, desgraciadamente, resultan insuficientes. Existen multitud de cuestiones -desde la determinación del órgano competente hasta la ejecución de la sentencia- que deben ser analizadas con mayor exhaustividad que la ofrecida por el legislador para obtener la mejor solución posible. Con el citado propósito, el objeto del presente libro consiste en la configuración de un proceso penal para las personas jurídicas que resuelva los interrogantes que el nuevo modelo plantea en todos los estadios del proceso (jurisdicción, competencia, denuncia, capacidad, representación, investigación, prueba, medidas cautelares, ). Para ello se ha analizado la regulación actual, la jurisprudencia existente, así como las soluciones que ofrece el Derecho comparado, especialmente la regulación norteamericana y la aplicación de los programas de cumplimiento o «compliance» como elemento indispensable para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.