Tradicionalmente se ha considerado que, imperando el principio de autonomía privada, el Derecho no debe inmiscuirse en los contratos de contenido desequilibrado en tanto tal desequilibrio haya sido aceptado libremente por las partes. El principio pacta sunt servanda y la seguridad jurídica justificarían tal posicionamiento. El problema surge cuando el desequilibrio del contrato trae causa de la situación de debilidad de uno de los contratantes, que es explotada conscientemente por el otro para obtener así una ventaja excesiva o injusta. Este caso es regulado específicamente en muchos ordenamientos de nuestro entorno, lo que ha determinado que los textos internacionales de armonización y modernización del Derecho de contratos también lo hayan hecho. En términos generales, todos permiten a la parte débil desvincularse del pacto o pedir su adaptación, amén de exigir, en su caso, una indemnización del daño sufrido. Los principios de libertad contractual y de buena fe justifican estos remedios. Ante el silencio de nuestro Código civil al respecto, la cuestión es si debería ser reformado y regular el supuesto, tal y como sugieren la PMCC y la PCCAPDC.