La moderna Justicia juvenil ha de estar basada en sólidos principios garantistas y socialmente relevantes para la protección del menor, en conseguir que la judicialización de conductas cometidas por estos sujetos sena las mínimas posibles, en intensificar, por el contrario, las previsiones educativas y resocializadoras, en lograr disminuir al máximo el número de delitos cometidos por aquéllos, y en conseguirlo no a través de la presión del retribucionismo preventivo general sino de políticas sociales, económicas, igualitarias, culturales y educativas propias de un verdadero Estado del bienestar, para todos, con su dimensión de social y democrático de Derecho. Tanto la Ley chilena sobre responsabilidad penal del adolescente por infracciones a la Ley penal como la Ley española reguladora de la responsabilidad penal de los menores se esfuerzan, al meno formalmente, en conseguir algunos de estos objetivos, muchos otros quedan fuera del marco legislativo penal para convertirse en actuaciones de política social a tomar por los gobiernos de turno.