La crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. Desde que comenzó la misma, se están aplicando políticas públicas que mientras aportan astronómicas cantidades de dinero público en auxilio de la banca y para calmar a los mercados, han supuesto dolorosos recortes de los derechos sociales y laborales, especialmente para los colectivos más vulnerables: recortes del gasto público en sanidad y educación, pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, reducción de los fondos destinados a la igualdad de género o a la prevención de la pobreza y la exclusión social, etc.