Las personas con enfermedades mentales graves representan uno de los colectivos a los que les cuesta más incorporarse al mundo laboral. Entre el 80 y 90% se encuentran en desempleo y sólo un 5% consigue un empleo estable. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo lo identifica como uno de los grupos que acaparan un mayor número de incapacidades laborales y según datos de la Organización Mundial de la Salud este grupo de población es uno de los causantes del incremento del número de personas con discapacidad en el mundo. Actualmente, se destina aproximadamente un 3% del Producto Interior Bruto de los países desarrollados a la protección social de estas personas. Está comprobado que el trabajo mejora el devenir de la patología mental y, por ello, la inclusión laboral del colectivo puede minorar en gran medida los costes sociales de la atención social de las personas con trastornos mentales. Desde un plano del Derecho a la no discriminación y para conseguir la igualdad efectiva es necesario repensar las estructuras jurídico-laborales existentes para acoplarlas a las necesidades de este colectivo. Primero, se debe establecer un nuevo tipo legal de discapacidad: la discapacidad mental. Y en segundo término, como propugna la Unión Europea, hay que revisar el actual sistema de prestaciones económicas tanto de Seguridad Social como de Servicios Sociales para lograr la Inclusión Activa. A este cometido se dedica la presenta obra.