En los últimos años la mediación se ha convertido en una verdadera alternativa al proceso en cuanto instrumento para resolver los conflictos civiles y mercantiles. El impulso necesario para su implementación en el ordenamiento jurídico español lo constituyó la Directiva 2008/52/CE; Directiva que dio lugar a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que reguló con carácter general y de manera flexible la institución y otorgó al acuerdo de mediación, elevado a escritura pública u homologado judicialmente, la condición de título ejecutivo. De esta manera, el acuerdo de mediación, con ciertos requisitos, se coloca en un nivel similar al de la sentencia lo que supone una indudable apuesta por este mecanismo. Junto con la ley nacional, las Comunidades Autónomas también se han ocupado de legislar sobre mediación. La Ley 24/2018 de mediación de la Comunitat Valenciana, y su Reglamento de desarrollo, respetando los postulados de la Ley 5/2012, van más allá, haciendo más atractiva, si cabe, la utilización de este método adecuado de solución de controversias al regular, por ejemplo, la mediación gratuita o el sello de calidad mediadora. Estas particularidades, sin duda, repercuten positivamente tanto en las entidades y en los profesionales de la mediación, como en quienes se sirven de ella como vía pacífica para resolver sus conflictos.