Para un efectivo ejercicio de la democracia, los ciudadanos necesitamos entender las leyes y demás comunicados del Estado. Así, requerimos claridad en los textos que recibimos de las empresas —tanto públicas como privadas— para la adecuada defensa de nuestros derechos y el cumplimiento de los deberes. Contrario a esto, es común en la sociedad sentir que los funcionarios son inaccesibles y que los trámites son innecesariamente complejos. De igual forma, la eficiencia de las entidades se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios.
El presente libro cuenta cómo un grupo de personas y organizaciones se han preocupado por la falta de claridad en el lenguaje y han actuado para contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender, con la consecuente responsabilidad para todas las entidades de hacerse comprensibles.
Ante la ya existencia de iniciativas mundiales de lenguaje claro, esas personas y organizaciones provenientes de la sociedad civil, la academia y los sectores público y privado se unieron tras considerar que la cooperación facilita el trabajo y permite lograr mejores y mayores resultados.