En la actualidad la comunidad internacional y las autoridades nacionales consideran que la salud sexual y reproductiva es una prioridad entre
las transformaciones sociales pendientes, no solo por su urgencia, sino por la potencial eficiencia de las inversiones que se hacen en ese campo.
Esta situación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados en la última década en materia
normativa y política, los principales indicadores de salud siguen siendo preocupantes.