La investigación indaga sobre el eventual reconocimiento de la potestad reglamentaria a las comisiones de regulación en los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones y sobre el esclarecimiento de cuál sería su alcance y contenido. Para ello hay que partir del análisis de las controversias surgidas en la doctrina y en la jurisprudencia, controversias debidas en buena parte a la ambigüedad del concepto y naturaleza de las comisiones de regulación, así como del contenido y naturaleza de sus funciones. Como se verá al final, la respuesta es positiva bajo la premisa de que es posible y necesario apoderar a estas entidades de una potestad especial en su función de regulación y de intervención específica en actividades económicas de interés general, vista además su necesaria ubicación como Autoridades Administrativas Independientes, como hipótesis planteada en el estudio. Como presupuestos necesarios para el reconocimiento de la potestad reglamentaria a estas autoridades, se analizan las problemáticas jurídicas derivadas de sus rasgos de independencia y neutralidad política; de su anclaje constitucional en los servicios públicos; de sus relaciones con la estructura funcional del legislador y del Presidente de la República, en especial, con su potestad reglamentaria general. Así mismo, la delimitación del alcance de los ámbitos de competencia habilitados por ley al regulador, en el marco de una administración clásica edificada sobre un dogma de subordinación.