Se analizan 17 demandas de empresas transnacionales contra el Estado ecuatoriano, basadas en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos con Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bolivia y Argentina. Estas demandas son presentadas en tribunales internacionales de arbitraje, como el CIADI, que en la mayoría de las veces resolvieron a favor de las empresas. Las sentencias de los árbitros se traducen en pagos millonarios que debe realizar el Ecuador, incluso en los casos en los que se da la razón, a cuenta de los costos procesales y los honorarios de los abogados. Estos montos generalmente superan con creces las inversiones realizadas; constituyen una extracción de fondos públicos que se suma a la serie de efectos que estos capitales provocan en los territorios, ampliando las fronteras extractivas y violando los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Sin embargo, todo esto podría empeorar, pues ya se anuncia una nueva oleada de tratados de inversión, porque lo que está en juego es garantizar la continuidad de los negocios.