Después de haber declarado y consumado la independencia, el inmediato y fundamental desafío que los emergentes gobernantes neogranadinos y venezolanos debieron asumir consistió en crear y sentar las bases políticas, jurídicas e institucionales a partir de las cuales debía erigirse e instituirse el nuevo orden estatal. Sin embargo, esta importante empresa estaría mediada, y hasta determinada, por las pugnas y confrontaciones que se suscitaron en torno a la desarticulación del poder político y militar que los caudillos y jefes militares habían asumido tras, y en virtud de, la guerra de independencia; de la definición de las jurisdicciones de lo civil y de lo militar que se fomentó en los dos países, y del destino que intentó dárseles a los ejércitos que los nacientes Estados de Venezuela y Nueva Granada crearon a propósito de la guerra de emancipación. Según argumentaban muchos analistas, tanto la existencia de esos ejércitos como el hegemónico poder que asumieron los caudillos y jefes militares en ambos países, había conducido a una virtual y nociva militarización que impedía y amenazaba el afianzamiento de las repúblicas. En consecuencia con dichas consideraciones, durante la primera mitad del siglo XIX, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, los detractores de tal situación promovieron una fecunda serie de debates sobre esos y otros tantos asuntos relacionados con la cuestión militar, convencidos de que su histórica misión consistía en desmilitarizar las repúblicas y en sentar las bases civilistas sobre las cuales aquellas repúblicas debían erigirse. La gestación y despliegue de ese conflictivo asunto no sólo puso de manifiesto la enorme tensión política, burocrática e ideológica que existió entre caudillos, militares y civilistas, sino que influenció el proceso de formación y/o configuración del Estado y el régimen político neogranadino y venezolano durante aquella época.