La teoría política y jurídica contemporánea suele justificar el valor de las instituciones políticas y jurídicas con el argumento de que tales instituciones generan resultados convenientes, como justicia, seguridad y prosperidad. Sin embargo, en el imaginario popular, muchas personas parecen valorar las instituciones públicas en sí mismas. La idea de que las instituciones políticas y jurídicas puedan tener un valor intrínseco ha recibido poca atención filosófica. En Por qué el derecho importa, se sostiene que las instituciones jurídicas y los procesos jurídicos son valiosos e importan de por sí, con prescindencia de su valor instrumental. Harel expone este argumento de diferentes maneras: analizando el valor de los derechos, postulando que el valor de algunos bienes depende de su provisión pública porque son intrínsecamente públicos y demostrando que las directivas constitucionales no son meros instrumentos contingentes para promover la justicia. Finalmente, Harel defiende la revisión judicial o control de constitucionalidad con el argumento de que es la materialización del derecho a ser oído. En el libro se demuestra que los argumentos instrumentales no logran determinar qué tienen de realmente valioso las instituciones públicas y no logran explicar su atractivo sostenido en el tiempo. Más específicamente, los teóricos del derecho no están atentos a los sentimientos de los políticos, los ciudadanos y los activistas, y no teorizan sobre los intereses públicos teniendo en cuenta dichos sentimientos.