Aunque no siempre ha sido así, hoy existe por doquier la arraigada convicción de que la producción y el mantenimiento del orden público y de la justicia son competencia exclusiva del Estado. No obstante, aunque la mayoría del estamento académico no cuestiona la argumentación en pro del dominio del Estado en este campo, hay amplios -y crecientes- sectores de la población que sí lo hacen. Se observa un creciente descontento frente a la administración pública de la justicia y una también creciente desconfianza respecto a la eficacia del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, puede observarse una demanda cada vez mayor al sector privado de servicios que se supone son "incuestionablemente competencia del Estado". El recurso al arbitraje y el florecimiento de empresas privadas de seguridad serían dos ejemplos significativos. Todo esto indica que es hora de cuestionar la presunción de que la seguridad ciudadana, el orden público y la justicia (en todas sus formas: mercantil, civil e incluso penal) sean servicios cuya provisión sea competencia del Estado. Es lo que